Pueblos del Toreo, una de las empresas que denunció ante el Tribunal Administrativo de Contratos de Aragón (TACPA) las graves irregularidades sustanciales del pliego de licitación del arrendamiento de la plaza de toros de La Misericordia, ha rechazado de pleno en un comunicado las acusaciones del presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) de querer boicotear la adjudicación.
Este es el comunicado emitido por Pueblos del Toreo:
Pueblos del Toreo manifiesta que desde el primer momento el conjunto de empresarios taurinos le trasladó a la DPZ que el pliego de licitación no se ajustaba a la ley, al querer aparentar como un contrato de arrendamiento, con unas cláusulas que impedían garantizar la igualdad de todos los licitadores, lo que en realidad era una concesión de servicios, como ha reconocido el TACPA.
Nueve empresas taurinas han impugnado el pliego de licitación por diversas vías legales, publicado el pasado día 30 de enero, no se ajustaba a la ley de contratos públicos. Sin embargo, la DPZ rechazó un primer recurso de reposición interpuesto durante el plazo de presentación de ofertas, con los mismos argumentos que luego ha reconocido el TACPA, que, si hubiera sido atendido, hubiera permitido la celebración de la Feria de San Jorge. Sin embargo, la DPZ optó por desestimar el recurso en 48 horas sin atender a razones.
El pliego de este año ha impedido la concurrencia de licitadores –sólo uno ha podido cumplir con todos los requisitos del pliego–, y a diferencia del contrato anterior, que también era patrimonial, en el de este año, ha modificado los criterios de valoración y ha impedido que puedan programarse para la Feria del Pilar a los toreros y ganaderías que triunfen durante la presente temporada taurina, al exigir, sólo para el año 2026, unos carteles cerrados de antemano.
La DPZ ha querido impedir que fuera de aplicación la ley de contratos públicos en la adjudicación de la plaza de toros, vulnerando los derechos y garantías de los licitadores, y al mismo tiempo, no ha tenido en consideración el innegable valor de servicio público que cumple la plaza de toros para la ciudad y para toda la provincia.
El TACPA es concluyente al afirmar que ‘se ha aplicado el régimen jurídico que resulta aplicable a los contratos patrimoniales de carácter privado, cuando, en realidad, se debería haber atendido al régimen jurídico de la normativa contractual’; y añade que ‘los criterios de solvencia y criterios de adjudicación que recoge el Pliego son nulos de pleno derecho porque la nulidad derivada de la errónea calificación jurídica provoca la nulidad de los mismos’.
El hecho de que todos los empresarios taurinos, menos uno, hayan ejercido sus derechos de impugnación, evidencia que el presidente de la DPZ no ha priorizado una competencia con transparencia entre las empresas.
Pueblos del Toreo exige a la DPZ que acate el criterio del TACPA, y convoque una nueva licitación conforme a la Ley de Contratos del Sector Público, para garantizar la libre concurrencia y el interés público en beneficio de los aficionados.